Una sistematicidad diferente

Levantar la niebla de la guerra, no el sentido que lo utilizaría el almirante Owens, mas como un imperativo para entender lo que sucede alrededor del asesinato de líderes sociales, debería estar al centro de la discusión pública. El atronador discurso de la paz ha terminado por ensordecer el hecho de la simultaneidad de conflictos que se gestionan a través de guerras simultaneas , así declaradas por parte de los principales actores armados del estado; lo que dota de mayor veracidad esa declaración. 

Al vaivén de la declaratoria de guerra al contrabando, a la trata de personas , al hurto de celulares, a las pandillas juveniles y por supuesto al narcotráfico, el discurso de la paz hace aguas en una marejada de conflictos sociales gestionados a través de las armas. Esta aparente contradicción entre la paz retorica y la violencia tangible no solo dificulta la posibilidad de que la gestión de conflictos por via del dialogo eche raíces, también dificulta la comprensión del asesinato de los lideres sociales y hace esquivo el establecimiento de responsabilidades alrededor de esta pandemia. 

 Aunque lo correcto seria indicar que se esta asesinando a la oposición política dado el carácter aglutinante de esta expresión al momento de caracterizar un grupo de victimas en especial. El termino líder social ha logrado el arraigo que la oposición , tergiversada y vapuleada ha encontrado difícil de obtener, no obstante es así, el grupo de personas selectivamente asesinadas desarrollaban como característica común, actividades contrarias a las políticas de los grupos dominantes que tenían un impacto particular en el escenario local.

Es preciso entonces antes de abordar de lleno el fenómeno del asesinato selectivo comprender el contexto en el que se da, pasando por la comprensión del cambio de las dinámicas criminales caracterizado por nuevos patrones de victimización paradigmáticamente sondables en los patrones de inhumación clandestina, en plata blanca entender a través del análisis de las formas de desaparición forzada que está ocurriendo en el país que discurre al margen de la ley.

A grandes rasgos los cambios en el patrón de los enterramientos se hacen evidentes a partir del año 2010; donde antes del año 2010 era posible afirmar que teníamos un patrón de inhumaciones clandestinas que se servía de la mutilación postmorten como una forma de economía del trabajo al momento de la inhumación, la información que sustentaba esta afirmación se había recopilado copiasamente en el marco de las diligencias de exhumación derivadas de los procesos adelantados en el marco de la ley 975 de 2005 conocida como Ley Justicia y paz;  siendo la causa de muerte preponderante el impacto por arma de fuego, Es decir; la mutilación de los cuerpos ocurria después de que estos habían sido ejecutados y se realizaba para facilitar el trabajo del enterrador y dificultar el reconocimiento del mismo.

Posterior al 2010 se comienza a documentar de forma sistemática la aparición de mutilaciones perimortem, donde la muerte se produce como consecuencia de las mutilaciones, sin hallazgos de impacto de arma de fuego produciéndose la muerte como consecuencia de las lesiones. Este patrón emerge con relativa claridad en el territorio del pacifico colombiano, reportado incidentalmente por los medios masivos bajo las noticias aisladas de la existencia y desmonte de “casas de pique”. El cambio de estos patrones nos permite referir de forma indirecta procesos de aprendizaje criminal; que podría responder a la presencia de nuevos actores, la desaparición de la dirección centralizada de la criminalidad bajo el modelo federado de las autodefensas desmovilizadas en 2005, no implico necesariamente la perdida de hegemonías regionales, mas al desaparecer mecanismos para arbitrar sus conflictos aunado a la extradición de sus principales mandos desencadeno pugnas intestinas por la recomposición del poder. 

La mecánica de terror que supone el descuartizamiento como forma de homicidio y no como accesorio al ocultamiento recopila modelos análogos a los de los carteles mexicanos que ha su vez incorporan prácticas de terror contrainsurgente recicladas de la formación de los caibiles, ingresados al conflicto del narcotráfico después de los procesos de paz en Centroamérica.

Al analizar la guerra del Peloponeso Tucidides nacido en el 406 A.C concluía que el cambio en las relaciones de poder entre dos actores conllevaba unas nuevas condiciones de relacionamiento con una mayor participación en el establecimiento de las mismas o la guerra. Al dejar las FARC- EP territorios históricamente controlados abría un desbalance entre los actores interesados en copar esos territorios, desapareciendo el actor regulador – Las FARC-EP- cambiaba radicalmente la relación de poder, los grupos armados pequeños incapaces de enfrentar a la insurgencia, encontraban la oportunidad tras el desarme de ejercer control territorial en los escenarios útiles para su desarrollo económico.  

Por otro lado el aumento en la participación del mercado criminal nacional de otras formas de delitos como la trata de personas también incide en la modificación de los patrones de inhumacion representándose en un aumento en la proporción de mujeres que están siendo víctimas del mismo, de forma concentrada en el departamento de norte de Santander, la sensibilidad de las formas en las que se ejecuta un delito y su aspecto cambiante en el tiempo, toman como las líneas de un sismógrafo la intensidad de lo que está ocurriendo en las entrañas del país.

Es preciso comprender este contexto, porque bajo esta vorágine de violencia del narcotráfico y control territorial se están produciendo los asesinatos de opositores políticos, generando una neblina que dificulta la percepción de sistematicidad, en especial en aquellos territorios donde se superponen las violencias.

Lo primero que debemos deslindar del análisis es  el hecho del aumento del homicidio de forma generalizada no tiene una potencia explicativa que permita abarcar el aumento en el homicidio de una población especifica; Durante el periodo de enero a julio 4 en 2016 asesinaron a 57 líderes/as y/o defensores/as de DDHH, en el 2017 asesinaron a 93 líderes/as y/o defensores/as de DDHH y en lo corrido del 2018 han asesinado a 123 líderes/as y/o defensores/as de DDHH.

Lo segundo es destacar que el 70% de los homicidios ocurrieron con arma de fuego, y que  El tipo de homicidio más frecuente fue el sicariato (54%), seguido de retenciones (11%), que se desconoce el tipo de homicidio en 21% de los casos. – para una población de 262 casos referidos exclusivamente a lideres sociales corroborados como tal por la comunidad- estos datos son particularmente relevantes precisamente por que el uso de armas de fuego y la modalidad sicarial pasa por un ejercicio de planeación y aprendizaje que suelen darse al interior de una organización, al igual que las retenciones que implican un importante apoyo logístico.

 Adicional a esto los puntos mas altos de  homicidios en contra de líderes sociales, militantes políticos y miembros de comunidades con adscripción étnica, presenta fuertes indicios de sensibilidad política esto es ; relación con eventos políticos de magnitud relevante, mientras que el homicidio emerge con una clara tendencia al aumento, el homicidio de lideres si bien aumenta lo hace en periodos de tiempo limitados y luego tiende a decrecer rápidamente,  en otras palabras parecen producirse los homicidios y los feminicidios como reacción a procesos de interpelación del status quo institucional, este comportamiento particular de un grupo poblacional ( opositores políticos) en un escenario de homicidio generalizado esboza un patrón que pasa desapercibido en el ruido del homicidio generalizado.

Del total de homicidios ( 123 al 5 de julio de 2018) se concentra el 34 %  en organizaciones favorables a los procesos de paz que se encuentran además en proceso de negociación de pliegos sociales con el gobierno nacional. Adicional al homicidio otros patrones de victimización acompañan la muerte de lideres sociales y miembros de la oposición , como la estigmatización de los lideres directamente o de las organizaciones a las que se encuentran adscritos, este señalamiento publico es el antecedente generalizado de otras formas de vulneración , desde las judicializaciones arbitrarias, las amenazas que replican el lenguaje estigmatizante y el homicidio.

Frente a estas realidades el análisis de la historia reciente ponen a disposición de interpretación los antecedentes de captura del estado por parte de organizaciones al margen de la ley con una fuerte motivación política, para el caso ,por ejemplo, del DAS son parte de un importante precedente analítico que nos permite afirmar que no es imposible una acción centralizada desde facciones al interior de los organismos de seguridad y defensa del estado que orienten bajo este escenario de violencia generalizada planes de exterminio selectivo funcionales a proyectos políticos locales o nacionales.

 Los picos intempestivos en el homicio de opositores y los ceses abruptos fungen como elementos indiciarios de un ejercicio de planeación centralizada, pero de ejecución descentralizada a partir de una especie de tercerización de la ejecución en cabeza de los grupos que ejercen presencia territorial, una planeación desde un sector del estado capturado por una facción política cobra mayor verosimilitud al analizar la baja participación de las insurgencias en estos asesinatos ocupando tan solo un 2%, lo que seria razonable al pensar que pese al control territorial que las mismas ejercen no son susceptibles de determinar su acción a partir de la comunicación con elementos estatales 

 A la luz de esta hipótesis buscar la sistematicidad desde los autores materiales es buscar el muerto rio arriba, la amplia disponibilidad de mano de obra criminal hace del homicidio un servicio fungible, puede ser ejecutado por cualquiera, en esta medida la sobrevida de los lideres sociales esta asociada a la capacidad del estado de implementar medidas que propugnen por la auditoria a si mismo; el fortalecimiento del control interno, la auditoria estricta, medidas de contrainteligencia y el respaldo decidido a la acción de la procuraduría se torna indispensable confinar el riesgo de instituciones instrumentalizadas.

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